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EL CONGRESO DE CHIAPAS PRETENDE CALIFICAR LA OPINIÓN CIUDADANA COMO “DISCURSO DE ODIO”.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS// En un acto que divide opiniones y enciende las alarmas sobre la libertad de expresión en el estado, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas cerró filas para blindarse ante el escrutinio público, bajo el argumento de combatir la violencia digital y simbólica.
Tras una rueda de prensa encabezada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, los legisladores manifestaron su respaldo total a la diputada Luz María Castillo Moreno, quien ha sido blanco de severas críticas derivadas de su desempeño en la tribuna.
Sin embargo, el pronunciamiento oficial —que rechaza de manera enérgica cualquier “manifestación de odio o discriminación”— ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de institucionalizar la censura y silenciar la inconformidad social.
El blindaje del poder ante la crítica
Para la ciudadanía y analistas políticos, el mensaje enviado desde el Palacio Legislativo es claro cualquier cuestionamiento incómodo o reclamo enérgico hacia el trabajo de los diputados será etiquetado como un ataque a su integridad.
Bajo la bandera de la “cultura de paz”, la LXIX Legislatura anunció que impulsará reformas para endurecer las sanciones contra la discriminación y la violencia psicológica y digital.
No obstante, la ambigüedad de estos términos abre la puerta a una peligrosa interpretación en la que expresar el descontento popular, fiscalizar los nulos resultados de los representantes o cuestionar sus posturas ideológicas podría ser tipificado como un delito.
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