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La impunidad y las anomalías continúan marcando el panorama político de Chiapas.
Tras asumir formalmente como diputada local en sustitución de Alejandra Gómez Mendoza, Daniela Estrada Choy no solo arrastra un historial cuestionable, sino un voluminoso expediente plagado de investigaciones, documentos e ilícitos que la exhiben directamente.
La exalcaldesa de Villa Comaltitlán ahora ostenta fuero e influencia política, convirtiéndose en el reflejo de cómo la maña se sirve de la ley para operar con mayor poder, hacer y deshacer a su antojo y buscar blindaje ante los tribunales.
Documentos e investigaciones internas revelan que durante su gestión municipal se detectaron desvíos e irregularidades financieras que superan los 27 millones de pesos, presupuesto que hasta la fecha no ha podido comprobar.
A este desfalco al erario se suman graves escándalos por despojo de tierras y malversación de fondos en la entidad.
Toda esta red de protección comenzó a desmoronarse tras la salida de Uriel Estrada Martínez de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la renuncia de Ismael Brito Mazariegos a la diputación local, personajes señalados como sus principales cómplices en la ocultación del saqueo.
Hoy, investida como legisladora, Estrada Choy utiliza la tribuna para encubrir los delitos de peculado y tráfico de influencias que la mantienen a un paso de la cárcel en El Amate.
Ante la inminente acción de la justicia, la hoy diputada remata propiedades, ranchos, vehículos y ganado obtenidos al amparo del poder, mientras busca negociar la devolución parcial de lo robado para evitar la prisión, evidenciando que el uso del cargo público responde únicamente a una estrategia desesperada de protección impune.
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