¡Ni un centímetro de Chiapas!

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¡Ni un centímetro de Chiapas!.

El liderazgo firme de Eduardo Ramírez Aguilar en la defensa histórica de Los Chimalapas

La conducción política de Chiapas, bajo el liderazgo firme, humanista y de profunda responsabilidad del Gobernador Constitucional, Eduardo Ramírez Aguilar, ha levantado una bandera inquebrantable en defensa de la soberanía y la paz social de nuestro estado. Al emitir un comunicado contundente a favor de mantenerse de manera permanente en la mesa de diálogo instalada en torno al tema de Los Chimalapas, el mandatario demuestra con hechos que no dará un paso atrás para encontrar la mejor solución para las familias, como garantía absoluta de esta postura, la orden del Gobernador de mantener la presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal constituye un acto de valentía y protección al pueblo; una fuerza dispuesta a evitar cualquier tipo de conflicto, que no tolerará ningún acto de violencia ni despojo, y que actuará con estricto apego a la ley en caso de ser necesario. Esta determinación del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se erige como un dique de dignidad frente a los agravios y errores políticos del pasado que tanto lastimaron a nuestra tierra.

Su firmeza hoy contrasta drásticamente con los actos cometidos por Patrocinio González Blanco en el año 1934, durante la XXXVI Legislatura, cuando fungiendo como Senador de la República por el estado de Tabasco propuso una traición territorial: arrebatarle dos municipios enteros al suelo chiapaneco en favor de otro estado.

Asimismo, esta administración humanista marca una distancia definitiva frente a los actos aberrantes que en su momento Salomón González Blanco cometió en contra de los chiapanecos.

¡No se pueden permitir tantas injusticias! Ante la pretensión actual de despojarnos de 168 mil hectáreas de terreno lo que equivaldría a perder casi la totalidad de un municipio entero, el Gobernador se mantiene firme en su convicción de solidaridad y apoyo a sus coterráneos, demostrando que en este territorio de herencia maya y raíces mesoamericanas no se permitirá ninguna actuación que agreda a los ejidatarios que por ley habitan el sureste de México.

En el corazón de esta lucha, las familias del ejido Gustavo Díaz Ordaz y de las comunidades afectadas sostienen una postura defensiva que el gobierno respalda con total entereza, fundamentada en dos verdades inapelables: Certeza jurídica para la tierra y protección al patrimonio: Si bien conocemos el fallo de la Controversia Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los límites estatales, las resoluciones presidenciales que en su momento nos otorgaron legalmente la tierra no pueden ser borradas de un plumazo de manera unilateral por presiones de otros estados.

El pueblo exige que las autoridades federales e institucionales intervengan inmediatamente como mediadoras para garantizar nuestra certeza jurídica y proteger el patrimonio familiar de quienes han trabajado estas tierras por generaciones.

Exigencia de diálogo real, no imposiciones obligatorias: El supuesto diálogo “de campesino a campesino” no debe convertirse en una herramienta de sumisión obligatoria a un Estatuto Comunal ajeno mediante asambleas de presión externa que pretenden forzar la disolución voluntaria del ejido bajo la mentira de una “irregularidad agraria”.

Este gobierno no autorizará que se violenten los derechos humanos y territoriales! Cualquier acuerdo de convivencia, transición o servicios debe realizarse estrictamente a través de mesas de trabajo oficiales, con la presencia del Gobierno Federal y los gobiernos de ambos estados.

Dentro de este escenario, es de imperiosa justicia reconocer cómo se rompió el manto de silencio que cubría este atropello. Si bien el liderazgo ejecutor y la salvaguarda de la soberanía recaen enteramente en la figura del Gobernador, el factor que destapó la cloaca de esta problemática fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El Maestro Horacio Culebro Borrayas asumió una postura tajante e implacable: al recorrer el terreno, constatar la realidad y alzar la voz de manera contundente, el titular de la CEDH fijó el criterio inamovible de que ninguna disputa o diferencia sobre la tenencia de la tierra puede estar jamás por encima de la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de las familias chiapanecas.

Al levantar la alfombra de este conflicto y evidenciar públicamente el ultimátum y la asfixia a la que estaban siendo sometidos los ejidatarios, el comisionado de la CEDH actuó como el detonante indispensable para que la problemática se desbordara públicamente y obligara a revisar el fondo de la impunidad que se pretendía consumar. Esta firme postura defensiva de la CEDH puso los ojos del país sobre Los Chimalapas, forzando los reflectores sobre la urgencia humanitaria y abriendo los canales institucionales pacíficos indispensables para proteger a los sectores vulnerables. Ante este panorama, no hay duda de que el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar debatirá en el terreno dentro de un marco de absoluta legalidad, demostrando que Chiapas tiene un gobierno con humanismo y responsabilidad que defenderá su territorio con las armas del derecho, la justicia social y la dignidad de su pueblo.