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FISCALÍA DE MICHOACÁN ADVIERTE POSIBLE ARRESTO DE ALCALDESA DE URUAPAN SI INSISTE EN OCULTAR CELULARES DE CARLOS MANZO
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán alista un nuevo requerimiento formal para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, entregue los dispositivos móviles del exedil asesinado, Carlos Manzo, piezas que los peritos consideran determinantes para el avance de las investigaciones.
De persistir la negativa a colaborar, la FGE aplicará sanciones legales que podrían escalar hasta el arresto administrativo o la apertura de un proceso por presunta obstrucción de la justicia.
Actualmente no existe una carpeta de investigación dirigida contra Quiroz ni evidencias que la vinculen de manera directa como imputada.
La FGE analiza posibles nexos económicos entre el *Movimiento del Sombrero* y personas ligadas a la delincuencia organizada, aunque al momento no se ha confirmado un vínculo causal directo con el homicidio.
El acceso a los teléfonos permitirá determinar mediante análisis forense digital si existieron alteraciones o manipulaciones en los registros de la aplicación WhatsApp de la víctima.Este giro en el caso coloca la investigación en un punto crítico donde el rigor técnico y el cumplimiento del debido proceso deben prevalecer sobre cualquier coyuntura política.
Por un lado, la exigencia de la Fiscalía es un paso procedimental estándar y necesario: en un delito de alto impacto, el análisis forense de la telefonía celular (mensajes, llamadas, ubicaciones y posibles manipulaciones en redes) resulta fundamental para reconstruir los momentos previos al crimen y deslindar responsabilidades con evidencia científica.
Por otro lado, la amenaza de aplicar medidas de apremio e incluso un arresto a la alcaldesa interina eleva la tensión institucional. Si la autoridad cuenta con la orden judicial correspondiente para la entrega de los dispositivos, la negativa a presentarlos compromete la transparencia y alimenta suspicacias sobre el manejo de la evidencia.
No obstante, para garantizar la legitimidad de las actuaciones, es indispensable que la FGE mantenga total objetividad, asegurando que el requerimiento responda estrictamente al esclarecimiento de los hechos y no a presiones mediáticas o disputas políticas locales.
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