El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas ha determinado sancionar a Mario Fox, actual presidente municipal de Comitán, tras acreditar que incurrió en actos de promoción personalizada utilizando recursos públicos durante el proceso electoral.
Esta decisión representa un precedente importante en la vigilancia del uso correcto del poder y los fondos públicos durante las campañas políticas en la entidad.De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por el órgano electoral, Fox violó los principios constitucionales de imparcialidad y equidad que deben regir los comicios, al servirse de su cargo para proyectar su imagen personal con fines político-electorales.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la difusión de mensajes institucionales con tintes propagandísticos, el uso de medios oficiales para resaltar su figura, y la utilización de recursos materiales y humanos del Ayuntamiento en eventos no justificados dentro de sus funciones públicas.
El IEPC impuso una sanción económica al edil, pero además notificó a instancias clave como el Congreso del Estado de Chiapas, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Estas instituciones deberán analizar si los actos del alcalde configuran responsabilidades administrativas o incluso penales por el presunto desvío de recursos públicos.
La gravedad del caso radica en que, de confirmarse que el alcalde utilizó el erario para favorecer su posicionamiento político, podría enfrentar procesos legales que trasciendan las sanciones económicas.
Expertos en materia electoral advierten que este tipo de conductas no solo vulneran el proceso democrático, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Hasta el momento, el presidente municipal no ha emitido una declaración pública sobre la resolución del IEPC. No obstante, el caso ha comenzado a generar reacciones entre distintos sectores políticos y sociales de Chiapas, quienes exigen que se actúe con firmeza y se sancione de forma ejemplar a quienes usen el poder público con fines personales.
Esta resolución se enmarca en un contexto nacional donde los órganos electorales han redoblado esfuerzos para garantizar elecciones limpias y equitativas, sobre todo frente a la creciente tendencia de funcionarios públicos que, desde el poder, buscan influir en la contienda sin renunciar a sus cargos ni respetar los límites legales.
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