SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, JEFA DE L DELINCUENCIA INSTITUCIONAL EN CHIAPAS.

Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de la SSyP es jefa de la delincuencia institucional.

Grupos de la delincuencia común y organizada se han establecido en Chiapas a raíz del nombramiento de la inepta secretaria de seguridad pública en el estado.

Los asaltos, secuestros, bloqueos y desaparición de personas por grupos del crimen organizado son el pan nuestro de cada día.

En los límites fronterizos con Guatemala opera un grupo que es protegido por Socorro Zepeda. Por eso impunemente secuestran y desaparecen vehículos y personas en el tramo de Motozintla-Frontera Comalapa-Ciudad Cuauhtémoc.

Lo mismo sucede en San Cristóbal de las Casas, municipio en donde los motonetos operan impunemente bajo la sospecha de estar protegidos por la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado.

Desafortunadamente Chiapas es una entidad importantísima para el trasiego de drogas y otras mercancías ilegales que sirven para el enriquecimiento de funcionarios encargados de la seguridad pública estatal.

¿Recuerdan el accidente del trailer que transportaba ilegalmente a migrantes centroamericanos? Hasta hoy día, ningún funcionario de los cuerpos de seguridad fue cesado pese a existir evidencia de la enorme corrupción que privó de la vida de decenas de migrantes.

Mientras esto sucede, los elementos de la secretaría de seguridad pública se dedican a asaltar y extorsionar a la ciudadanía.

Ejemplos abundan en las redes sociales porque a diario ciudadanos denuncian haber sido infraccionados de forma absurda.

Ayer fui presa de esta delincuencia institucional que se ha apoderado de las instituciones de gobierno en Chiapas.

La imagen del “oficial” que les comparto es de quien abusando de su autoridad se quedó -sin mi consentimiento- con mi licencia de conducir.

Transitaba por el centro de la ciudad cuando de pronto me hizo la parada bajo el argumento de revisar mi documentación.

Amablemente le proporcioné mi licencia mientras buscaba la tarjeta de circulación cuando de pronto me indicó que me levantaría una infracción.

Circunstancia última que me sorprendió por lo que le pedí me devolviera mi licencia por ser un instrumento de identificación oficial que utilizo en algunos trámites administrativos. Así que si pretendía infraccionarme, le indiqué que procediera a retirarme cualquiera de las dos placas del automóvil; situación a la que se negó porque seguramente su intención era extorsionarme y no infraccionarme.

Como de forma prepotente se negó a devolverme la licencia pese a que le expliqué que estaba cometiendo abuso de autoridad y su acto era inconstitucional, intentó amedrentarme tomándome fotografías y video sin mi consentimiento con lo cual el oficial estaba incurriendo en conductas ilegales, razón por la cual decidí encender mi vehículo y me trasladé unas cuadras más adelante hacia mi destino.

En estos tiempos en que los policías son denunciados por estar ligados a la delincuencia organizada, más vale ser precavidos con este tipo de sujetos.

Hace poco menos de dos años un amigo fue golpeado y asaltado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cuando intentaba subirse a su coche después de salir de un restaurante en la zona dorada de la capital. Me reservo el nombre de los involucrados porque desconozco si los policías fueron sancionados y la forma en que repararon el daño. Un ex sub secretario de seguridad pública que falleció por COVID, fue quien terminó resolviendo el asunto.

Sin embargo, dejo de manifiesto que cualquier uso indebido que se realice con esa licencia de conducir o con mis datos personales, es responsabilidad de Gabriela del Socorro Zepeda Soto, impulsora y protectora tanto de la delincuencia común y organizada, como la institucional.

Ya la Corte ha señalado que es inconstitucional que los elementos de tránsito se queden con la licencia de conducir, placas o tarjeta de circulación como garantía.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las autoridades administrativas, como pudieran ser los agentes de tránsito, sólo pueden imponer como medidas de sanción una multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a la comunidad, es decir, no contemplan ninguna posibilidad de retirar una de las placas de circulación, tarjeta de circulación y/o licencia de conducir. En consecuencia de ello, aquellos Reglamentos que contemplen tal posibilidad resultan ser inconstitucionales.

Por lo anterior, basta de tanto abuso policial. En este espacio he dado a conocer múltiples actos de corrupción que tienen el visto bueno de Zepeda Soto. Por ejemplo, hay una casa en Plan de Ayala en donde mensualmente se entregan maletas cuyo contenido desconozco a un funcionario de SSP y que después son trasladados a la residencia de “la jefa del sur” como le apodan a Socorro Zepeda Soto.

Pero volviendo al tema, el oficial me persiguió tres cuadras. Cuando me bajé del auto estaba estacionando su moto detrás de mi vehículo para supuestamente “$platicar$”. Mi respuesta contundente fue, si cometí la infracción como aseguras, elabórame la boleta y déjala en el parabrisas o debajo del portón por donde ahora me verás ingresar.

¿Qué creen que hizo? Fue incapaz de elaborarme la boleta de infracción y obvio la licencia se la llevó, tal y como actúan los delincuentes.

¿Acaso no llevaba boletas para infraccionarme? ¿Por qué no la dejó en el parabrisas del automóvil? ¿Qué pretendía realmente al tocar la puerta para platicar con un familiar? ¿Por qué tampoco le entregó a mi pariente la boleta de infracción?

Ahora puedo confirmarles que los policías de tránsito del estado pareciera están capacitados para extorsionar a cualquier ciudadano que se deje y puedan sorprender, con tal de cumplir con las cuotas que les impone Gabriela del Socorro Zepeda Soto, pues a raíz que la Guardia Nacional asumió el control de varios tramos carreteros, muchos negocios se le vinieron abajo a la secretaria de seguridad pública estatal.